BUENOS AIRES.- Los manuales de historia aseguran que la Guerra del Atlántico Sur se inició el 2 de abril y concluyó el 14 de junio de 1982, después de que las tropas argentinas no lograran resistir la ofensiva británica en su intento por recuperar las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Sin embargo, para miles de ex soldados conscriptos que participaron de una u otra manera en aquel conflicto bélico, con apenas 18 ó 19 años, la rendición de las Fuerzas Armadas lideradas por el Gobierno de facto de Leopoldo Galtieri lejos estuvo de marcar el final del combate.

En ese universo de chicos convertidos hoy en hombres, la batalla se mantiene inconclusa, ya que la Guerra de Malvinas es un tema recurrente, cotidiano, de permanente debate, mientras insisten en sus reclamos de pensiones, reconocimiento o al menos una ayuda estatal básica que les permita concentrar las energías en objetivos menos traumáticos.

También demandan, casi 30 años después de la finalización de los combates, una asistencia médica integral a cargo de personal civil -no militar, como ocurre hasta el momento- y que sirva realmente para evitar que continúe en aumento la nómina de suicidios de posguerra: 439 hasta febrero pasado, de acuerdo con la presidenta Cristina Kirchner.

Para comprender mejor la problemática derivada de la guerra es importante destacar que existen tres grandes grupos de ex soldados que entienden que el Estado nacional está en deuda con ellos:

• Los que combatieron en las islas o en su zona de influencia.

• Los que cumplieron tareas de logística y defensa del litoral marítimo durante el conflicto.

• Los que permanecieron acuartelados (en el continente), pero no viajaron al sur.

En la actualidad, sólo aquellos que cruzaron a Malvinas y enfrentaron a las tropas británicas por aire, tierra o mar en el archipiélago o en los alrededores de las islas están reconocidos formalmente como Veteranos de Guerra, con pensiones y beneficios que reciben de parte del Estado desde 1991.

De todas maneras, este grupo de ex conscriptos, al igual que los otros dos, también plantea demandas insatisfechas y exige el cumplimiento de la Ley 23.109, que determina la realización de una Convocatoria Nacional de Salud para evaluar a los soldados, más una reparación histórica con el pago de pensiones adeudadas entre 1982 y 1991. Se trata de una suma de dinero que rondaría los $ 400.000 y beneficiaría a más de 8.000 veteranos, indicó Gustavo Pirich, uno de los líderes de la agrupación "Alternativa 28 de Marzo (M28)".

Pirich sostuvo que en 2008 el actual vicepresidente de la Nación, Amadou Boudou, había reconocido esa deuda y se había comprometido a saldarla, cuando se desempeñaba como director de la Anses, pero luego desconoció ese acuerdo, por lo que unos 1.000 soldados iniciaron un juicio contra el Estado, exigiendo el pago de la recomposición histórica. Este grupo de ex combatientes reclama también al Gobierno que avance en la promulgación de un régimen jubilatorio especial, que permita a los soldados retirarse a los 45 años, tras una antigüedad laboral de dos décadas. La guerra dejó como saldo 649 muertos argentinos, pero de regreso al continente más de 1.500 veteranos incluidos en el sistema de pensiones del Estado fallecieron, muchos debido a enfermedades o porque se quitaron la vida.

En la nómina de caídos durante la guerra también figuran 17 bajas de soldados nacionales registradas en el litoral marítimo patagónico, donde unos 8.000 ex conscriptos cumplían tareas de logística y de defensa de las bases aéreas desde las que se atacaba a la flota enemiga. Esos muchachos, que en 1982 se desempeñaron bajo el mando de los mismos jefes militares que lideraban las operaciones en las Islas Malvinas, integran en la actualidad un segundo grupo de ex conscriptos que aún pugnan por reconocimiento formal de parte del Estado como Veteranos de Guerra. Estos ex soldados demandan honores y beneficios, y desde hace más de cuatro años acampan en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, como parte de un reclamo que cuenta con el respaldo de organizaciones de derechos humanos.

Los integrantes del campamento TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur), que días atrás realizaron una protesta en la Torre de los Ingleses, en Retiro, denuncian que en la década de 1990 un pacto "político-militar" los excluyó del universo de ex veteranos reconocidos.

Este grupo, en el que conviven paracaidistas que no llegaron a saltar en Malvinas por motivos climáticos con ex conscriptos que dicen haberse tiroteado con soldados británicos en la base área de Comodoro Rivadavia, pide el cumplimiento de las leyes 23.118 y 23.848 (en su texto original) y que el Estado reconozca que todos ellos figuran en los padrones de ex combatientes que elaboraron las Fuerzas Armadas.

Finalmente, un tercer grupo de ex conscriptos que no viajaron al sur y sólo permanecieron acuartelados durante el conflicto bélico también reclama asistencia por parte del Estado, a modo de compensación por el presunto "año psicológico producido durante aquellos meses de tensión. Se trata de los ex soldados que lograron que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, los atendiera tras una serie de manifestaciones y cortes en la Avenida 9 de Julio, sumados a un mediático disturbio producido en marzo de 2011 después de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.